Padres de centros de educación diferenciada ven demostrado que la denegación de concierto era “una cuestión ideológica”

Madres del colegio 'Altair' de Sevilla defienden la educación diferenciada

Foto: EUROPA PRESS/M.G.
SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) –

El sector de padres de los doce centros de educación diferenciada por sexo existentes en Andalucía considera demostrado con el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acepta la petición de suspensión cautelar de la denegación de concierto por parte de la Junta a estos centros –reclamada por el colegio sevillano ‘Albaydar’, que recurrió la resolución administrativa, al igual que los demás– que esta actuación no se motivaba más que en “una cuestión ideológica”.

 

La portavoz de la plataforma ‘Mis padres deciden’, Gemma García, ha subrayado a Europa Press que con esta resolución judicial “ha ganado la libertad de los padres”, en tanto que “se ratifica lo que la ley orgánica decía: que tenemos acceso en igualdad de condiciones a los conciertos y que no puede ser motivo de discriminación el haber elegido un determinado modelo”.

Con el auto, según García, “se reconoce que el interés general es el de los ciudadanos, y no el de la administración, lo que para nosotros es mucho”, en un asunto que “debe quedar fuera del debate político e ideológico”. Y es que, recuerda la portavoz de la plataforma, “lo que pedimos es que se atienda la demanda social, la pluralidad y, en resumen, la libertad de los padres para elegir”.

Las familias, ha agregado, están “supercontentas y llenas de emoción”, toda vez que, además, se espera que el resto de las resoluciones judiciales correspondientes a los demás centros vayan en la misma línea.

A juicio de García, la decisión del TSJA “debe dejar contentos a todos, a los que que quieren educación diferenciada y a los que la quieren mixta”. Se ha congratulado por ello, al ser un logro fruto de “una batalla dura en la que ha trabajado mucha gente”.

El TSJA entiende que la administración educativa no ha dado “un solo argumento jurídico ni fáctico” consistente en el proceso cautelar que permita considerar que la ley no le es aplicable al centro solicitante del concierto educativo, con la “salvedad” del incumplimiento del artículo 2 del Convenio Unesco.

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