Estado paternalista

María Calvo Charro es doctora en Derecho Administrativo y profesora de dicha materia en la Universidad Carlos III de Madrid. Es, además, una apasionada defensora de la educación diferenciada.

Asegura que a la primera persona que tuvo que convencer de la validez de dicho modelo educativo fue a su marido. Es autora del libro Los niños con los niños, las niñas con las niñas (Editorial Almuzara), en el que plantea la necesidad de que las escuelas diferenciadas sean parte del sistema de educación público.

Este artículo fue publicado en La Gaceta de los Negocios, el 21 de junio de 2007

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La crisis de la familia ha provocado esta dejación de funciones esenciales en manos de los poderes públicos

Dada la falta generalizada y ostensible de civismo actual en nuestros jóvenes, lejos de escandalizarnos y rasgarnos las vestiduras por la imposición de la asignatura de educación para la ciudadanía, sin duda le daríamos la bienvenida si supiéramos que con unas cuantas clases teóricas aprenderían cómo comportarse en una sociedad democrática con justicia, respeto, tolerancia y honestidad.

Pero todos sabemos que esto es un imposible categórico pues la ley de Educación parte de una contradicción en sus propios términos, al erradicar, desde nociones pedagógicas ya muy obsoletas y desprestigiadas en países de nuestro entorno, como el constructivismo, valores tan esenciales como el esfuerzo personal o la justicia. Pues, ¿no es injusto que un chico pase de curso sin aprobar algunas de las materias más elementales?, o ¿es acaso justo que cualquier indisciplina no se vea correspondida con una proporcionada sanción?

La teoría no sirve de nada; los buenos hábitos sólo se consiguen por la repetición de actos. Sólo la práctica de las virtudes nos hace virtuosos, como afirmaba Aristóteles.

Pero lo realmente preocupante no es su inherente ineficacia, sino el relativismo absoluto que esta asignatura destila por todos sus poros, enseñando a nuestros hijos que todo vale y que, por lo tanto, nada vale nada.

Lo que excluye cualquier tentativa de jerarquizar las actitudes o de favorecer la menor línea de conducta, sea en el sentido que sea.

Realizando así una tarea, la transmisión de unos supuestos valores, que sólo a la familia corresponde porque además sólo ella puede hacerlo de un modo eficaz.

Ante esta usurpación de las funciones propias de la familia no es inoportuno traer a colación el recordatorio que el profesor Alzaga hizo en el Congreso de las palabras de Miterrand: «hoy, para cambiar la sociedad, no es necesario tomar el Cuartel de Invierno, basta con tomar la escuela».

Mientras la instrucción y formación intelectual es un objetivo que se debe conseguir primordialmente en la escuela, el desarrollo de la persona corresponde al ámbito familiar.

Esto es algo que ya los griegos tenían presente cuando en el momento tardío del helenismo inauguraron una distinción binaria de funciones, separando la educación propiamente dicha de la instrucción o enseñanza. El encargado de la primera era el denominado pedagogo y pertenecía al ámbito interno del hogar, convivía con los miembros de la familia como uno más, instruyendo a los niños y a los adolescentes en los «valores» y la «moral».

Se dejaba a la familia la tarea de «educar para la ciudadanía». Era una función interna sobre la que el Estado nada tenía que decir o hacer. En cambio, el maestro era un colaborador «externo» a la familia, un simple instructor, que enseñaba a los niños una serie de conocimientos instrumentales, como la lectura, la escritura o la aritmética.

La socialización primaria corresponde a la familia por ser, en palabras de Juan Pablo II, la mejor escuela natural de convivencia pacífica. En ella se aprenden, de forma práctica y no meramente teórica, virtudes esenciales para la ciudadanía democrática como la justicia, el respeto, la fortaleza, la tolerancia, el sacrificio o el esfuerzo. Y todo ello por amor.

La convivencia familiar, como señala Ayllón, es una enseñanza incomparablemente superior a la de cualquier razonamiento abstracto sobre la tolerancia o la paz social. Que mi hijo sea buen demócrata, buen ciudadano, o buena persona en definitiva, me corresponde principalmente a mí como padre o madre, no al Estado que, sin embargo, debe asumir el papel de instructor, ofreciendo para ello el mayor número de opciones posibles.

Además, el art.27 de nuestra Constitución no impone a los centros docentes la obligación de transmitir unos valores a los alumnos, sino la necesidad de «respetar» los valores basados en los «principios democráticos de convivencia».

La actual crisis de la familia ha provocado en gran medida esta dejación de funciones esenciales en manos de los poderes públicos. Como señala Savater, cuanto menos padres quieren ser los padres, más paternalista se exige que sea el Estado.

No podemos quejarnos de la situación y no asumir las riendas de nuestra responsabilidad. No podemos escandalizarnos de que el Estado pretenda formar en «sus» valores a nuestros hijos y no asumir la responsabilidad que nos corresponde de formarles en «nuestros» valores. Como decía Baltasar Gracián, objetar es ingenioso, pero más lo es hallar salida a los inconvenientes.

Debemos volver a ejercer de padres y enseñar con el ejemplo, pues la mayoría de los valores humanos son simplemente hábitos, rutinas que aprendemos en la familia de forma inconsciente. La familia tiene el derecho inalienable de educar a los hijos pero no olvidemos, como afirmaba Santo Tomás, que tal derecho es, a su vez, de manera inescindible, una estricta obligación que tenemos que cumplir.

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