Totalitarismo educativo

La libertad de educación es condición de posibilidad para la educación en libertad

Por Alejandro Llano, en La Gaceta, el 9 de marzo de 2007

La auténtica educación presupone la libertad. Porque crecer en conocimiento y madurar en calidad vital no es algo que se pueda lograr de manera automática, a base de leyes coercitivas o de técnicas mecanicistas. Nadie puede aprender en vez de otro ni conseguir que otro mejore éticamente, si no quiere. Adentrarse en el alma de una persona es la operación más delicada que imaginar se pueda, en la que no cabe el anonimato ni tipo alguno de coerción.


De ahí que hablar de educación en la libertad sea una feliz redundancia. Y, a su vez, la libertad de educación es condición de posibilidad para la educación en libertad. Esto no lo saben los socialistas españoles o, si lo saben, hacen lo posible por olvidarlo. La LOE es una buena manifestación de esa querencia totalitaria que no acaban de abandonar. Y los decretos que regulan su aplicación vuelven a confirmarlo. Con independencia de que los obispos españoles —que han hecho muy bien— lo acaben de denunciar con claridad y sin crispación, lo cierto es que las reglamentaciones que desarrollan la Ley Orgánica de Educación ahogan la poca esperanza que nos quedaba de que padres, profesores y estudiantes pudieran respirar un poco de aire fresco.
El ambiente escolar se está enrareciendo. El Gobierno anda empeñado en deseducar a los jóvenes, forzándoles a inmersiones generalizadas en una ideología partidista y carente de base científica. El relativismo moral y la perspectiva de género son ahora las orientaciones oficiales. La antropología que subyace, sobre todo, a la Educación para la Ciudadanía apenas se eleva sobre los estrechos límites del materialismo. Estamos a punto de que, delante de nuestros ojos, se consume el atropello de forzar la enseñanza de una asignatura con contenidos anticristianos a alumnos cuyos padres han elegido para ellos el aprendizaje de la religión y la moral católicas. Asistimos a la inminencia de un contrafuero, porque la Constitución Española prescribe claramente que la educación moral y religiosa debe ser elegida por los progenitores.

Pero la presunta educación a través de intervenciones totalitarias no se limita a una asignatura. La propia enseñanza de la religión ha quedado partida por gala en dos, y una de las mitades se ha eliminado sin más de los horarios escolares. Ni la escuela, ni los padres, ni la propia Iglesia poseen ahora un camino para garantizar que los docentes de esta materia, cuyo enfoque afecta a la propia conciencia, se comporten públicamente como cristianos.
En todos los rincones de España donde esta mutación es posible, se está registrando una huida de la escuela pública a la escuela concertada. La razón es clara: la diferencia de calidad educativa a favor de la enseñanza concertada. Pero estos centros de iniciativa social lo van a tener cada vez más difícil. Porque ni será libre su creación (sometida a supuestas necesidades educativas y a arcanos límites presupuestarios) ni su elección por parte de las familias (coartada por el escasamente democrático expediente de la zonificación, y el manipulable recurso al área de influencia de los respectivos centros docentes). Burócratas y tecnócratas vuelven a representar el papel de perro del hortelano, que ni come ni deja comer.

La deformación profesional de los políticos de cualquier color es el intervencionismo. Y en el caso de que su ideología trascienda aún los tufos de totalitarismo que la reciente evidencia histórica no ha conseguido disipar, la intervención se vuelve entonces opresiva. Pretenden un contrasentido: obligar a vivir y pensar en democracia precisamente como ellos quieren que todos piensen y vivan. La espina dorsal del estilo democrático de convivencia —libertad y pluralismo— se les antoja una debilidad conservadora. Pero es justo tal tergiversación la que los ciudadanos y las instituciones democráticas no deben tolerar. La objeción de conciencia y la resistencia civil son a veces el último recurso. Ahora bien, antes de llegar a semejante límite es preciso recorrer los caminos de la acción ciudadana y de la presencia en los debates culturales.
La nueva regulación de la enseñanza primaria y secundaria entiende la educación como un servicio público, adscrito al Estado y a las Administraciones Públicas, mientras que la sociedad queda relegada a un papel secundario y marginal. Pero no es éste el verdadero sentido de la subsidiariedad, recomendada ahora incluso por la tan burocrática y poco imaginativa Unión Europea. La ayuda de que se trata no la deben prestar las iniciativas sociales a las dependencias públicas, sino el Estado y las Administraciones a las instituciones libremente promovidas por las familias y las comunidades cívicas. Según el viejo lema revolucionario, se trata de volver a poner sobre sus pies un planteamiento social que anda de cabeza. En democracia, el protagonismo siempre ha de correr por cuenta de la libertad.

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